La crisis política de Honduras se intensifica. Horas después de que el presidente, Manuel Zelaya, destituyera al jefe de las Fuerzas Armadas por negarse a apoyar su reforma constitucional, centenares de militares han sido desplegados en las calles para evitar eventuales disturbios por parte de grupos que respaldan esos cambios legales. Tanto el Parlamento como el Tribunal Supremo han plantado cara a Zelaya y han ordenado la restitución del máximo jefe militar.
La decisión de los poderes legislativo y judicial restablece en el cargo al jefe militar, separado por el mandatario por no aceptar que la institución castrense participara en la encuesta convocada para el domingo.
Zelaya había ordenado a las Fuerzas Armadas todo el apoyo logístico necesario, a lo que Vásquez se opuso porque un tribunal de justicia dictaminó que convocatoria es ilegal.
El país centroamericano vive sumido en una crisis a raíz de las pretensiones de Zelaya de instalar una Asamblea Nacional Constituyente que elabore un proyecto de reforma de la actual Carta Magna a partir de 2010. Ésta permitiría la reelección del presidente, una cuestión que divide a la población.
Algunos grupos que apoyan a Zelaya supuestamente están recibiendo favores oficiales y en algunos casos dinero en efectivo, según versiones publicadas por la prensa local y desmentidas por colaboradores del presidente.
En el Parlamento, la mayoría de los diputados felicitó este jueves al general Romeo Vásquez, el jefe del Estado Mayor Conjunto destituido la noche anterior por sus discrepancias con Zelaya, quien aceptó además la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana.
Los parlamentarios desafiaron a Zelaya al votar a favor de "improbar" (desaprobar) el cese de Vásquez y ordenar que se mantenga en el cargo.
Mientras tanto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado restituir al general Vásquez en su cargo, admitiendo dos amparos para suspender esa destitución.
"[El] general Vásquez Velásquez puede continuar cumpliendo sus funciones", dijo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera. El presidente Zelaya "violaría de nuevo la ley" si designa a otro jefe militar, advirtió Rivera.
El presidente hondureño, que todavía no se ha pronunciado sobre la decisión judicial, iba a nombrar este mismo jueves al sustituto del oficial destituido, según fuentes políticas.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas se mantienen en disposición de alerta y han desplegado soldados en zonas sensibles de la capital.
En Tegucigalpa, el movimiento de soldados —algunos con escudos metálicos, bastones de madera y bombas lacrimógenas— se centra en el aeropuerto internacional de Toncontín, la sede del Parlamento, los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, la Casa Presidencial y algunos puentes de la ciudad, según los medios locales, que mencionan la posibilidad de un golpe de Estado.
La actividad en las calles de Tegucigalpa se muestra tranquila, pero en las próximas horas se esperan marchas o tomas. El presidente Zelaya se encuentra en Casa Presidencial y ha pedido a sus partidarios que estén listos para una movilización por la tarde.
Votación 'ilegal'
El domingo, los hondureños están llamados a decir si están de acuerdo con que el próximo 29 de noviembre se celebre un referéndum sobre la necesidad de reformar la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), único organismo autorizado para hacer consultas de carácter político, reiteró este jueves que la consulta que promueve Zelaya "es ilegal".
Además, el TSE instruyó a las Fuerzas Armadas para que no se presten a movilizar urnas u otro material que el Gobierno tiene previsto instalar en todo el país.
Zelaya, elegido presidente en 2006 al frente de una candidatura conservadora, ha dado un giro a la izquierda durante su mandato al reforzar las relaciones de Honduras con Cuba y Venezuela y adherirse a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la iniciativa de integración regional promovida por aquellos países y formada también por Bolivia, Ecuador, Nicaragua y varias islas caribeñas.
